MEDIACION Y DERECHO DE ALIMENTOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. UNA ALTERNATIVA DE ACCESO A LA JUSTICIA

MEDIACIÓN Y DERECHO DE ALIMENTOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: UNA ALTERNATIVA DE ACCESO A LA JUSTICIA

“La paz no puede ser sostenida por la fuerza.

Solo puede ser ganada a través del entendimiento.

Nuestra ansia por el entendimiento es eterna.”

Albert Einstein

Subtemas:   1. Introducción. 2. Acceso a la Justicia. 3. Mediación y derecho de alimentos de los Niños, Niñas y Adolescentes 4. Reconocimiento jurídico.  5. Conclusiones.

1.      INTRODUCCIÓN

Frente a la crisis de la administración de justicia -en todos los ámbitos y de manera particular en materia de niñez y adolescencia- originada en su falta de independencia judicial, en la escasa capacitación de sus jueces; en la falta de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura que provocan el abarrotamiento de causas judiciales, que hacen del proceso lento y tedioso, pero, sobre todo en la imposibilidad de acceder al sistema de administración de justicia (ya sea por los altos costos que implica: honorarios profesionales, gastos, tiempo, conocimientos, etc.) y menos aún a la justicia, es decir al reconocimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aparecen los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre ellos la mediación, como una oportunidad para solucionar las controversias que incumben a este grupo de atención prioritaria[1], de manera pacífica y oportuna, atendiendo de esta manera al principio del interés superior del menor[2] y protegiendo de manera efectiva al “ser humano en formación”.

2.      ACCESO A LA JUSTICIA

Para desarrollar el contenido del derecho de acceso a la justicia, la primera precisión que debo hacer es que no hago referencia al derecho  de acceso al sistema judicial per se, llamado también acceso a la jurisdicción, sino al derecho de acceso a la justicia que lleva implícita la posibilidad de que los particulares puedan resolver sus conflictos, de  manera oportuna y ágil, utilizando para el efecto  los mecanismos de solución de controversias previstos en la Constitución, como parte del  reconocimiento a un verdadero pluralismo jurídico.

La manera en que las partes conflictuadas  van a satisfacer sus necesidades o intereses,  determinan el  sistema a utilizarse, esto es la autocomposición o la heterocomposición, dentro de la primera tenemos la  negociación, la mediación, la conciliación; mientras que en la segunda esta precisamente el proceso judicial y el arbitraje.

En materia de niñez y adolescencia, hay que tomar muy en cuenta que el  conflicto tiene como eje trasversal la efectivización  de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal es el caso del pago de pensiones alimenticias, en donde los principios de simplificación, eficacia, celeridad y economía procesal, asumen un rol fundamental en la protección efectiva de este grupo vulnerable. 

3.      MEDIACIÓN Y DERECHO DE ALIMENTOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que facilita la resolución  pacífica de controversias, permitiendo que se materialice un verdadero acceso a la justicia y que hace parte del grupo de los sistemas “autocompositivos”, en donde solo la voluntad de las partes pone fin al antagonismo[3].

El derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes,  nace como efecto de la relación parento - filial, y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna [4] sin desconocer que su protección integral  está a cargo del Estado, la sociedad y la familia.

La mediación en materia de la niñez y adolescencia, permite a través de negociaciones asistidas[5], llegar a ACUERDOS en cuanto al pago de pensiones alimenticias, régimen de visitas, tenencia, etc.

Al hablar de acuerdos, necesariamente nos estamos refiriendo a la "negociación basada en intereses" propuesta por la Universidad de Harvard, o conocida como modelo lineal, en el cual se separa las personas del problema, buscando una solución en base a los intereses de las personas y no sobre sus posiciones[6].   

Sin embargo, no se debe dejar de lado, que debido a la sensibilidad y relevancia de los asuntos que se presentan en el ámbito de la niñez y adolescencia, y a fin de proteger el interés superior del menor y garantizar la aplicación real y efectiva de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario que los centros de mediación trabajen tanto con el modelo transformativo[7], como con el modelo “circular narrativo”[8].

4.      RECONOCIMIENTO JURÍDICO

La Constitución Ecuatoriana vigente,  proclama que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia …”[9], lo cual implica el reconocimiento de la constitución como norma de directa e inmediata aplicación[10], el incremento en el catálogo de derechos y su pluralidad en  el ámbito jurídico,[11] para alcanzar la justicia.

El Art. 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación, en concordancia con el Art. 190 de la Carta Suprema, reconocen a la mediación como un procedimiento alternativo de resolución de conflictos, que de conformidad con el Art. 17 del Código Orgánico de la Función Judicial constituye una forma de servicio público,  es decir debe funcionar de manera permanente y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades, no debe perseguir fines de lucro; y,  se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que los proporcionan.

Por su parte el Art. 294 del Código de la Niñez y Adolescencia, señala que la mediación procederá en todas las   materias   transigibles   siempre   que   no  vulneren  derechos irrenunciables  de  la  niñez y la adolescencia, inclusive el Art. 46 de la Ley de Arbitraje y mediación, señala la posibilidad de los jueces de derivar las causas sometidas a su conocimiento a un Centro de mediación, siempre que las partes lo acepten.  En concordancia con lo manifestado el Art. 130.11 del Código Orgánico de la Función Judicial, al referirse a las facultades jurisdiccionales de los jueces y juezas, señala que en todos aquellos casos en los que esté permitida la transacción y de considerarlo pertinente, pueden disponer de oficio que pase el proceso a una oficina judicial de mediación intraprocesal, a fin de procurar un acuerdo voluntario que ponga fin al conflicto.  

El Art. 12 de la Convención de los Derechos del Niño, garantiza al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño, lo que en la práctica puede ser entendido como la posibilidad de que el niño, niña o adolescente sea escuchado en todo proceso judicial, administrativo e inclusive en uno de mediación.[12]

5.      CONCLUSIONES

1.    Los conflictos referentes al pago de pensiones alimenticias,  son materia transigible y por lo tanto pueden ser solucionados en un proceso de mediación, debiendo tomar en cuenta que la voluntad de las partes en la fijación del valor, tiene como límite la tabla de pensiones alimenticias mínimas expedidas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia

2.      Los Centros de Mediación deben trascender de la aplicación del modelo Harvard hacia los modelos transformativo y circular narrativo, en pro del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

3.      Los Centros de Mediación a nivel nacional deben aplicar una metodología interdisciplinaria, en donde la ayuda brindada no solo sea legal sino psicológica e inclusive con la participación de trabajadoras y trabajadores sociales especializados en materia de niñez y adolescencia.

4.    En todo proceso judicial, administrativo e inclusive de mediación se deberá tener en cuenta la opinión del niño, niña o adolescente, para encontrar una solución respecto de todos los asuntos que le sean inherentes.

5.    La mediación interdisciplinaria en materia de la niñez y adolescencia, propende al mejoramiento de las relaciones familiares además del cumplimiento voluntario y no forzado de las obligaciones parentales de los integrantes de la familia, en pro del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

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[1] La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre del 2008 (en adelante CRE), en el Art. 35, enumera a las personas y grupos de atención prioritaria,  entre los cuales se encuentran los niños, niñas y adolescentes. 

[2] El principio del interés superior del menor y la doctrina de protección integral,  están orientados a satisfacer el ejercicio efectivo   del  conjunto  de  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y adolescentes;  e  impone  a  todas  las  autoridades administrativas y judiciales  y  a  las  instituciones  públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Se encuentra reconocido en los Arts. 44 de la CRE y en los Arts. 1 y 11 del Código de la Niñez y Adolescencia (en adelante CNA).

[3] LEDESMA NARVAEZ, Marianella. El procedimiento Conciliatorio. Un enfoque teórico – normativo.  Citada por el Dr. M.Sc. Giovani Criollo Mayorga. Catedrático de la Universidad Indoamérica. Módulo Arbitraje Y Mediación. 2011.

[4] Art. Innumerado 2 de la Ley Reformatoria al Título  V, Libro II del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Ahora bien dentro de los derechos de supervivencia consta el derecho a una vida digna, que implica la garantizar a los niños, niñas y adolescentes el acceso efectivo a condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral, que incluye: alimentación, salud, vivienda, vestuario, recreación, juego, etc. Ver. Art. 26 del CNA.

[5] La mediación utiliza también la terminología de negociación asistida, ya que en este proceso interviene un tercero neutral llamado mediador, que facilita la comunicación entre las partes ayudándolas a alcanzar un acuerdo  aceptable,  pero que carece de poder de decisión. En este sentido se han pronunciado GATTI, Claudia y  VARGAS, Lilian, en su artículo “La mediación como alternativa para la gestión de conflictos”. Versión Electrónica disponible en: http://www.fimeint.org/temas-de-interes/articulos/16-la-mediacion-como-alternativa-para-la-gestion-de-conflictos.html [Fecha de consulta: 21.09.2012].

[6] Los autores de esta teoría son Roger Fisher y William Ury,  quienes junto a la colaboración de Bruce Patton, todos profesores de la Universidad de Harvard,  sugieren tratar directamente con los problemas de las personas, atendiendo sus verdaderos intereses y necesidades y no las posiciones que asumen en el conflicto.

[7] Son creadores del modelo transformativo Bush y Folger, que a diferencia del anterior se preocupa por las personas  y centra su metodología en el mejoramiento de las relaciones humanas, más que en la satisfacción de una necesidad, mediante la suscripción de un acuerdo,  que si bien es cierto no lo desestima, pero pretende ir más allá, es decir, alcanzar el mejoramiento o transformación de la relación. 

[8] Sara Cobb, es la exponente de este modelo, en el cual  propone cuidar la relación entre las partes, trabando sobre el proceso del conflicto y su objetivo, creando propuestas alternativas, para concluir en la construcción de acuerdos definitivos. Un estudio de este modelo es realizado por MUNERA, Pilar, en “El modelo circular narrativo de Sara Cobb y sus técnicas”, de la Universidad Complutense de Madrid. Versión electrónica disponible en:  http://eprints.ucm.es/5678/1/_Modelo_circular_narra_P_Munuera.pdf [Fecha de consulta. 22.09.2012].

[9] CRE, Art. 1.

[10] Tanto la CRE en su Art. 11.3, como el Código Orgánico de la Función Judicial (en adelante COFJ), en sus Arts. 4 y 5, reconocen los Principios de Supremacía Constitucional y de Aplicabilidad  directa e inmediata de la norma suprema.  

[11] Por pluralidad debemos entender la existencia de otros mecanismos que nos permiten solucionar la conflictividad interpartes, fuera del ámbito judicial.

[12] En concordancia con lo manifestado, el Art. 60 CNA, reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser consultados en todos los asuntos que les afecten.

Evento – RS – Desmitificando o direito aborda a responsabilidade do servidor público

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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN EL ECUADOR FRENTE A LA ACCIÓN DE TUTELA EN COLOMBIA.

Subtemas: 1. Introducción. 2. La Acción de Protección en la Legislación Ecuatoriana.- Generalidades. 3. La Acción de Tutela en la Legislación Colombiana.- Generalidades  4. Los supuestos semejantes entre la Acción de Protección (Ecuador) y la Acción de Tutela (Colombia).- Características. 5. Los supuestos que no comparte la Acción de Tutela con la Acción de Protección (frente a particulares).- Características 6. Deficiencias que se evidencian en el modelo ecuatoriano.

1.        Introducción

Los nuevos modelos de justicia constitucional desarrollados en América Latina, especialmente en Ecuador (2008) y Colombia (1991), tratan de materializar las demandas reclamadas por sus pueblos, teniendo como su objetivo principal la eliminación de las inequidades sociales, políticas y económicas que se vivían en la región, es decir, el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, nace en momentos de crisis, frente a la desinstitucionalización, la desconfianza, la incertidumbre, la corrupción, la arbitrariedad,  el híper-presidencialismo, la  crisis de gobernabilidad, la ineficiencia de la economía, la privatización de los sectores estratégicos como el energético, la marginación social de los grupos indígenas,  etc.

Estos nuevos modelos y sus procedimientos,  ejercen un control sobre los excesos de poder cuyo objeto es precisamente el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.

Desde mi perspectiva, Ecuador al igual que el  resto de países de América Latina, se encuentran atravesando  por un momento histórico – constitucional  de gran novedad y cargado de esperanzas en lo político, social y económico, sin embargo, es un modelo del cual todavía se esperan resultados, pero que para efecto de este trabajo,  trataré  de elucubrar las ventajas y posibles deficiencias que presenta en una de sus instituciones: “La Acción de Protección”.

2.        La Acción de Protección en la Legislación Ecuatoriana.- Generalidades.

La Acción de Protección es una Garantía Jurisdiccional prevista en el  Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador y regulada por el Art. 39 de la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Segundo Suplemento del Registro Oficial  No. 52 de 22 de Octubre de 2009).

 

Esta acción tiene como objeto el amparo de los derechos reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos [siempre que no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado[1]] y puede ser interpuesta por cualquier persona  cuando la autoridad pública no judicial o una persona particular [la acción cabe frente a particulares[2]] vulnere los derechos constitucionales por acción u omisión.

De lo expuesto se concluye que la Acción de Protección tiene un carácter subsidiario frente a las acciones ordinarias [Habeas Corpus, Hábeas Data, Incumplimiento, Extraordinaria de Protección, etc.] y que la misma puede ser incoada no solo en contra de autoridad pública (Estado), sino  que se puede denotar el carácter vinculante de los derechos constitucionales entre particulares.  

3.        La Acción de Tutela en la Legislación Colombiana.- Generalidades.

La Acción de Tutela se halla prevista en el Capítulo IV De la Protección y Aplicación de los Derechos, Art. 86, y fue reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, posteriormente por el Decreto 306 de 19 de febrero de 1992, Decreto 1382 de 12 de julio del 2000, Acuerdo 0001 de 7 de marzo del 2002, dictado este último por la Corte Suprema de Justicia.

Esta acción fue diseñada como una acción judicial subsidiaria, residual y autónoma, dirigida a facilitar el control judicial de los actos u omisiones de los órganos públicos o de los poderes privados que pudieran vulnerar los derechos fundamentales. Para dotar de verdadera eficacia a este importante mecanismo de garantía, el constituyente asignó a todos los jueces de la República – con la excepción de los jueces penales militares, la jurisdicción especial indígena y los jueces de paz– la competencia para conocer acciones de tutela[3].

Se trata de una acción constitucional que puede ser interpuesta por cualquier persona para la defensa pronta y efectiva de los derechos fundamentales cuando ello resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable o cuando no exista otro medio de defensa judicial que sirva para tales efectos; pero, no solo los derechos que constan en la constitución, sino también los reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales y aún los derechos no escritos que son necesarios para el desarrollo de la personalidad humana.

Se debe anotar que la disposición constitucional prevé la acción de tutela contra particulares solo en los casos establecidos por la Ley.

4.        Los supuestos semejantes entre la Acción de Protección (Ecuador)

y la Acción de Tutela (Colombia).- Características.

4.1.     La violación de un derecho constitucional (Ecuador) o de un derecho Fundamental (Colombia)[4], contenido en el Capítulo I del Título II de la Carta Suprema, son un requisito de admisibilidad. 

4.2.     La acción u omisión de cualquier autoridad pública cuando los derechos constitucionales son vulnerados o amenazados.

4.3.     La procedencia de la acción en contra de particulares, aunque en Colombia para el efecto se requiere de desarrollo legislativo.

4.4.     La determinación de la acción como subsidiaria o residual, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.

4.5.     El procedimiento debe ser sencillo, rápido y eficaz (Ecuador)[5]; procedimiento preferente y sumario, cumpliendo con los principios de economía, celeridad y eficacia (Colombia)[6].

4.6.     El Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala los casos en los cuales es improcedente la acción (siete causales); El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 señala las causales generales de improcedencia de la acción de tutela (cinco causales).  Como se puede observar, se trata de cinco causales generales de improcedencia que tienden a la racionalización en el uso de la acción y que, en general, supeditan su viabilidad a la no existencia de otro medio de defensa judicial salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, por ejemplo, el derecho a la libertad personal, la Corte Constitucional Colombiana ha considerado que la tutela resulta improcedente, pues el Recurso de Hábeas Corpus es más expedito para proteger este derecho[7].

4.7.     Ecuador: el Art. 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el numeral 6; en concordancia con Colombia: el Art. 37 del decreto 2591 de 1991, establecen como requisito para la presentación de la demanda declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. Requisito cuya finalidad es proteger el debido proceso y la seguridad jurídica.

4.8.     El objeto de protección en los dos países es intermedia, puesto que tienen ciertos límites que no han sido creados por una norma legal, sino que su fuente se halla en la misma constitución.

4.9.     La acción procede contra todo acto u omisión del prestador del servicio público, con la consideración que en Colombia no se distingue el servicio público propio del impropio[8], puesto que lo que determina la acción es la relación usuario - prestador, que se considera vertical, es decir no hay una relación de igualdad.

4.10.  La acción procede contra personas naturales o jurídicas del sector privado,  cuando la persona afectada se encuentre en estado de: a) subordinación, que alude a una relación jurídica de dependencia cuyo origen radica en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado; o de b) indefensión, remite a la ausencia de un medio de defensa eficaz para proteger los derechos

5.        Los supuestos que no comparte la Acción de Tutela con la

Acción de Protección (frente a particulares).- Características.

5.1.               Debo señalar que la Corte Constitucional Colombiana  ha identificado los siguientes derechos fundamentales innominados: la dignidad humana, el mínimo vital, la seguridad personal frente a riesgos extraordinarios y la estabilidad laboral reforzada de sujetos de especial protección constitucional, hecho que no ha sucedido en el Ecuador.

5.2.               Los supuestos que no comparte la acción de tutela colombiana con la acción de protección ecuatoriana, frente a particulares, son los siguientes:

Ø  La gravedad del daño causado por un particular en los derechos constitucionales de otro. El término “gravedad” supone la medición del daño real y efectivo, pero la doctrina Colombiana cree que basta tan solo que la amenaza de daño sea seria, grave y cierta para la procedencia de la tutela[9].  

Ø  La delegación y concesión, ya que en el Ecuador se permite la delegación y concesión para la prestación de servicios públicos. 

Ø  La discriminación, que supone un trato diferenciado y fundado en criterios sospechosos definidos por la misma Constitución[10].

6.        Ventajas que se evidencian en el modelo Ecuatoriano

6.1.               Proteger,  aunque de manera subsidiaria,  los derechos constitucionales de los ecuatorianos frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares que puedan afectar tales derechos.

6.2.               Defender la supremacía de la Constitución sobre el resto de normas.

6.3.               Fomentar una cultura de conocimiento tanto en los servidores públicos como en los particulares, para que todo el tráfico jurídico se desarrolle a la luz del derecho constitucional.

6.4.               La constitución otorga a los jueces y tribunales un papel relevante en la garantía de los derechos, bajo la premisa de que todos los derechos positivizados en las cartas constitucionales deben considerarse igualmente garantizados y susceptibles de ser tutelados jurisdiccionalmente en forma directa.

7.        Deficiencias que se evidencian en el modelo Ecuatoriano

7.1.               El problema central respecto de la forma como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional regula la Acción de Protección, es su residualización, pues siempre existen posibilidades procesales alternativas, esta norma debe ser declarada inconstitucional, pues el precepto contenido en la constitución, no incluye ninguna restricción  para el ejercicio de tal garantía, cuya finalidad es la protección directa y eficaz de los derechos constitucionales.

7.2.               Cuando la Constitución hace referencia al amparo directo y eficaz,  se entiende que de existir la violación a un derecho constitucional, no debe exigirse ninguna otra acción procesal adicional.

7.3.               En los preceptos constitucionales que se refieren  a las garantías jurisdiccionales se aprecia con notoria claridad que las mismas han sido desformalizadas, con el objeto de que se encuentren al servicio de la justicia protegiendo inmediatamente el derecho sin sacrificarlo por la sola omisión de formalidades.

7.4.               Los administradores de justicia, en franca oposición con el activismo judicial, han utilizado de manera indiscriminada la restricción prevista en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, para disminuir su carga de trabajo y justificar la negativa a tramitar las Acciones de Protección.

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[1] El Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, manifiesta que la Acción de Protección cabe siempre que los derechos no estén amparados por otras acciones.

[2] Art. 40.2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, prevé como uno de los requisitos de admisibilidad de  esta garantía jurisdiccional la acción u omisión de un particular que menoscabe o anule un derecho. El Art. 41.4 Ibídem ratifica el requisito mencionado delimitándolo  a ciertas circunstancias tales como: la prestación de servicios públicos impropios, los que se prestan por delegación o concesión, cuando se cause un daño grave o cuando la persona afectada se encuentre en estado de insubordinación o discriminación. En el numeral 5 de este mismo artículo se ha considerado   que también procede esta acción en los casos de discriminación.

[3] Botero Marino, Catalina. La Acción de Tutela en el Ordenamiento Constitucional Colombiano, p8. Disponible en: http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/assets/017-Accion%20de%20tutela-Ordenameinto%20Cons-II.pdf

[4] En la Constitución Ecuatoriana no existen derechos fundamentales, sino que su catalogo de derechos [constitucionales] protegidos es mucho más amplio que el de la Constitución Colombiana; sin embargo, la Corte Constitucional Colombiana ha sostenido que “la constitución estableció un catálogo abierto de derechos fundamentales” (Sentencia C-018/93), es decir, que  los derechos susceptibles de ser protegidos por medio de la acción de tutela no se hallan enumerados taxativamente, sino que para identificarlos se  deben aplicar ciertos criterios de fundamentalidad, tales como: los derechos de aplicación inmediata, derechos innominados, bloque de constitucionalidad,  derechos fundamentales por conexidad, etc.

[5] Art. 88 de la Constitución de Ecuador, en concordancia con el Art. 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

[6] Art. 86 de la Constitución de Colombia en concordancia con el Art. 3 del Decreto 2591 de 1991.

[7] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-054/03.

[8] El Art. 86 de la Constitución Colombiana hace referencia a la procedencia de la acción en contra de los particulares encargados de la prestación de un servicio público. 

[9] Comentario realizado por el Dr. Alexei Julio Estrada, en la Conferencia “Garantía de los Derechos Fundamentales frente a particulares” dictada en la Universidad Central del Ecuador. Octubre-2010.

[10] La Constitución del Ecuador en el Art. 11.2 párrafo 2º enumera los criterios sospechosos.